Cuál es la edad mínima de responsabilidad criminal en otros países de America
Un informe detalla que en Ecuador, por ejemplo, “los adolescentes desde los 12 años son considerados responsables de sus acciones a través de un sistema que establece medidas alternativas y de custodia bajo un sistema juvenil de justicia”

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La baja de la edad de imputabilidad volvió a ponerse en agenda, la edad mínima de responsabilidad criminal va desde los 7 años, en Trinidad y Tobago, hasta los 18 en Brasil, según un informe de Unicef. “En muchos países hay un régimen intermedio de “responsabilidad social” de niños por debajo de la edad de responsabilidad criminal. Bajo esta perspectiva, niños por debajo de la edad mínima de responsabilidad criminal pueden estar sujetos a alguna forma de responsabilidad social, que incluye la posibilidad de sanciones”, sostiene el estudio, titulado “Edades legales mínimas y la realización de los derechos de los adolescentes. Un repaso sobre la situación de América Latina y el Caribe”.

“En los países en que existe esto, generalmente se aplica para acciones que son consideradas ofensas criminales cuando son cometidas por una persona por encima de la edad de responsabilidad criminal”, señala Unicef. El informe detalla que en Ecuador, por ejemplo, “los adolescentes desde los 12 años son considerados responsables de sus acciones a través de un sistema que establece medidas alternativas y de custodia bajo un sistema juvenil de justicia”.

También en Brasil, donde la edad de responsabilidad criminal establecida en la Constitución es 18 años, “las acciones que constituirían una ofensa criminal si son cometidas por adultos son consideradas infracciones. Aunque no sea bajo un sistema de justicia criminal, estas acciones pueden llevar a juicio o privación de la libertad”. En el caso de Uruguay, la legislación penal para menores está estipulada en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde se establece un régimen especial para jóvenes de entre 13 y 18 años. Las penas aplicables son diferentes a las de los adultos, y a los 18 años salen y se borra el expediente.

La postura de Unicef

La postura de Unicef

“La normativa a nivel nacional es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño”. “De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente desde el año 1980, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente y tienen menos garantías procesales que los adultos”.

“La ausencia de una ley marco nacional favorece discrepancias entre provincias”. “En el caso de los adolescentes menores de 16 años, aunque la ley vigente establece que no deben ser penados, en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de que el juez dicte medidas de privación de su libertad, contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
“La escasa implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad y de justicia restaurativa, las malas condiciones edilicias de los centros de detención, el bajo grado de especialización del sistema de justicia juvenil así como el incumplimiento de sus derechos cuando están privados de libertad (acceso a una defensa efectiva, conocimiento del proceso penal al que se ven sometidos, acceso a la educación, al esparcimiento y a la salud) son retos que aún perduran en el sistema de justicia”

Unicef propone
“la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen -como regla- medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal” “Es clave que una reforma legislativa esté acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia”.

“Sería importante que se amplíe y mejore la oferta de medidas alternativas, justicia restaurativa, instancias de mediación y justicia comunitaria”. “Sería un gran avance contar con un sistema de información nacional sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal para poder dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas pertinentes y eficaces para abordar esta problemática”.